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La trata de personas es un delito complejo, que desafortunadamente ocurre en todas las regiones de México y del mundo. Este delito atenta contra la vida, la dignidad, la integridad y la libertad, de las víctimas quienes son reducidas a mercancías u objetos que se adquieren, venden, compran o desechan, lo que representa la violación sistemática a sus derechos humanos.

Desafortunadamente dos de  los más aberrantes fines de este delito son la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, quienes son utilizados y comercializados como objetos, por redes organizadas o individuos, en prácticas degradantes y denigrantes cuyas consecuencias marcan su futuro, limitan sus posibilidades de desarrollo y los coloca en situaciones de grave riesgo, incluso de su propia vida. 

Considerado México como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, los tratantes, los explotadores, así como los consumidores, frecuentemente utilizan la infraestructura que ofrece la industria del Turismo para cometer estos delitos. Es el Estado es quien tiene la principal responsabilidad en la protección de los derechos humanos; sin embargo, los sectores laboral y empresarial, los organismos y organizaciones públicas y privadas y la sociedad en general, también tienen la obligación de conducirse en apego a los principios universales de los Derechos Humanos. 

La industria turística debe considerar que no sólo tiene la obligación de conducirse con ética y responsabilidad en sus ámbitos laborales, sino hacerlo también con un estricto enfoque de derechos humanos para proteger a las comunidades que reciben turismo nacional y extranjero; las políticas con apego a los derechos humanos no deben ser simples cartas de buenas intenciones ni de publicidad, sino un verdadero compromiso social.

Los prestadores de servicios turísticos son personal clave con un gran potencial para detectar y prevenir este crimen desde sus ámbitos laborales o comunitarios; por ello, es nuestra responsabilidad reconocer la existencia de este problema en el sector y realizar acciones para garantizar que en la industria turística se actué bajo un marco de responsabilidad y compromiso social, previniendo que se continúe lastimando a miles de víctimas. Los empresarios del sector turístico debemos reconocer la existencia de esta problemática y la responsabilidad que tenemos en su prevención, denuncia y combate. 

Por ello la Secretaría de Turismo Federal, impulsa  el “El Código de conducta nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes (NNA)  en el sector de los viajes y el turismo” CCN.

Este Código es un instrumento de autorregulación y de adhesión voluntaria, creado por la SECTUR federal para impulsar la prevención, combate y denuncia de posibles casos de explotación sexual de personas menores de edad en establecimientos turísticos. 

Aunque de inicio este instrumento se enfocó en el combate a la explotación sexual de NNA, en 2016 se le integró un mecanismo específico para prevenir el trabajo infantil (sobre todo en sus peores formas), como un delito diferente a la trata, pero para ser manejado con enfoque preventivo de posibles situaciones de explotación laboral de personas menores de edad. 

Al firmar este instrumento, los establecimientos se comprometen a implementar en línea y en forma gratuita, en la página www.codigodeconducta.mx   las 6 sencillas directrices que lo integran, con el apoyo telefónico o vía correo electrónico de asesores de la SECTUR.

A las fecha más de 2,000 establecimientos e importantes cadenas se han sumado a esta iniciativa, les invitamos cordialmente a que formemos parte de la misma, para promover a la AMR y a sus establecimientos como actores clave que impulsan un turismo responsable y ético de respeto los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.